10 de Octubre, Día Mundial contra la pena de muerte

Amnistía Internacional pide el fin de las ejecuciones de menores

Firma en www.actuaconamnistia.org para que las autoridades de Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen suspendan las ejecuciones de menores

Madrid.- ‘Issa bin Muhammad ‘Umar Muhammad fue decapitado el 10 de mayo de 2009 en Arabia Saudí por un delito que supuestamente cometió cuando tenía 17 años. Arabia Saudí ejecutó a dos menores en 2007 y en 2009 ya ha ejecutado al menos a otros dos. Se teme que al menos otros ocho estén a la espera de ejecución.

Mohammad Reza Haddadi, continúa condenado a muerte en Irán por un asesinato que presuntamente cometió cuando tenía 15 años. Su ejecución ha sido aplazada hasta en cuatro ocasiones. Irán ejecutó en 2007 al menos a 8 menores, la misma cifra que en 2008, mientras que en lo que llevamos de 2009 ha ejecutado ya a tres. Al menos otros 140 están condenados a muerte.

Adil Muhammad Saif al-Ma'amari fue ejecutado en febrero de 2007 en Yemen cuando sólo tenía 16 años, tras confesar, presuntamente bajo tortura, haber asesinado a un familiar durante una discusión.

En Sudán, cuatro personas de 17 años se encuentran en proceso judicial por su supuesta participación en los atentados de Jartum de mayo de 2008. Al menos dos menores de 16 y 17 años han sido condenados a muerte.

Estos cuatro países, Arabia Saudí, Irán, Yemen y Sudán, siguen imponiendo la pena capital y ejecutando a personas que eran menores en el momento de cometer los delitos. En el día Mundial Contra la Pena de Muerte que se celebra mañana, 10 de octubre, Amnistía Internacional se dirige a sus autoridades para que pongan fin a esta práctica inhumana, cruel y degradante.

La organización lanza una campaña en www.actuaconamnistia.org para sumar firmas que logren, en el camino hacia la abolición total de la pena capital, terminar con las ejecuciones de menores. Las firmas se entregarán, junto a las recogidas por la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, el próximo 20 de noviembre, día internacional de los derechos de la infancia y vigésimo aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que los cuatro países están obligados a respetar.

Tendencias en pena de muerte en 2009

En el nuevo informe titulado "Pena de muerte: ¿una pena en vías de extinción?" que Amnistía Internacional publica hoy, se pone de relieve como la mayor parte del mundo está avanzando hacia la abolición con paso lento pero firme.

El año 2008 acabó con una nueva resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se pide una moratoria de las ejecuciones, como primer paso hacia la suspensión total. Fue aprobada con 106 votos a favor, 46 en contra y 34 abstenciones: un resultado que supone un importante avance con respecto a otra resolución similar de 2007.

Burundi y Togo se han unido durante 2009 a la lista de países abolicionistas por ley para todos los delitos, que suma ya 94 naciones, a las que se añaden 10 que han suprimido la pena de muerte para delitos comunes, y 35 que son consideradas abolicionistas en la práctica. En total, 139 abolicionistas por 58 que mantienen la pena, aunque muchos hace años que no recurren a ella. También el estado de Nuevo México en Estados Unidos ha abolido la pena capital en este año.

Sin embargo, a pesar de los avances registrados y de los buenos augurios, los datos no permiten bajar la guardia y sigue siendo muy preocupante el uso de la pena de muerte en países de todo el mundo. Por ejemplo, en Irán se produjo un notable incremento de las ejecuciones durante el periodo transcurrido entre las elecciones presidenciales y la investidura del presidente el pasado 5 de agosto. En Estados Unidos ya se había rebasado en septiembre de 2009 la cifra total de ejecuciones alcanzada en 2008; al igual que en Irak, donde se han documentado en los primeros nueves meses de 2009 un total de 15 ejecuciones más que en todo 2008. Por su parte, Japón continúa ejecutando a personas con enfermedad mental, y el estado de Aceh, en Indonesia, ha reinstaurado este año las lapidaciones.

La pobreza en el corredor de la muerte
En este nuevo informe de la organización se aborda también la manera discriminatoria en que se aplica a menudo la pena de muerte, imponiendo un número desproporcionado de condenas a personas pobres y a miembros de minorías y comunidades raciales, étnicas y religiosas en diversos países del mundo.

Ya sea en Nigeria, Estados Unidos, Irán o Arabia Saudí, la capacidad para pagarse una buena defensa, para tener acceso a sectores influyentes de la sociedad, o incluso para retribuir a los familiares de las víctimas para que accedan al indulto, se convierte en la clave para poder eludir el patíbulo. Tanto es así, que en muchos casos el estatus socioeconómico del acusado determina las posibilidades de ser ejecutado o no. Por ejemplo, el coste de la defensa de Pablo Ibar, español condenado a muerte en Estados Unidos, ronda los 400.000 dólares sólo en la fase de apelación ante el tribunal que le condenó inicialmente.

La pobreza puede estar asociada a otros factores agravantes, como ser trabajador inmigrante, como ocurre en Arabia Saudí, país en el que muchos de los ejecutados son inmigrantes de países pobres. Es frecuente que estos acusados no tengan abogado defensor ni traductor y no puedan seguir siquiera las acusaciones del tribunal en árabe, así como que tampoco tengan dinero ni acceso a figuras influyentes, como autoridades o jefes de tribu, factores cruciales para conseguir el indulto.

En varios países islámicos, a la cuestión de la defensa se suma la de la legislación que permite conseguir el indulto si la familia de la víctima acepta a cambio una indemnización económica que debe pagar la familia del acusado y que suele ser muy elevada. En Irán, por ejemplo, la ley sobre asesinato y lesiones físicas basada en qisas (castigo equivalente al delito cometido) y diyat (“dinero de sangre” en forma de indemnización económica) es discriminatoria en la práctica, ya que solo las personas ricas y poderosas suelen tener medios para conseguir el perdón de la familia de la víctima y la libertad del condenado.

Si la baja calidad de la defensa de oficio es un factor agravante en muchos países, en otros, los más pobres, la defensa prácticamente no existe. Es el caso de Nigeria, donde al menos 40 personas fueron condenadas a muerte en 2008 y alrededor de 735 estaban pendientes de ser ejecutadas, entre ellas 11 mujeres. Este país cuenta con un sistema de justicia penal corroído por la corrupción, la negligencia y una carencia de recursos, que afecta mayoritariamente a las personas pobres al no proporcionarles un juicio justo.

España y la pena de muerte
El Gobierno español anunció en junio de 2008 una iniciativa contra la pena de muerte cuyo objetivo es lograr una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo en 2015. Meses después, en septiembre de 2008, el Presidente Rodríguez Zapatero lanzó esta iniciativa a nivel mundial durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Con ocasión de la celebración de este Día Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional pide al Gobierno español que dé un nuevo impulso a su iniciativa durante los próximos meses. Además, la organización ha pedido al presidente Rodríguez Zapatero que en su reunión con su homólogo estadounidense Barack Obama el próximo 13 de octubre, le inste a apoyar la próxima resolución por una moratoria internacional en el marco de Naciones Unidas.

Durante el periodo en que España asuma la Presidencia de la Unión Europea será fundamental el impulso del Gobierno español para que en el otoño de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas logre recoger los apoyos necesarios para aprobar una nueva Resolución contra la pena de muerte, que permita seguir avanzando hacia un mundo libre de ejecuciones.

Españoles condenados a muerte
Pablo Ibar lleva preso desde 1994 y se encuentra en el corredor de la muerte de Florida (Estados Unidos) desde el año 2000. En estos momentos, su caso está pendiente de un recurso presentado por su abogado para que se repita el juicio y de la investigación entorno a un posible sospechoso de los crímenes que se le imputan a Pablo.

Nabil Manakli, ciudadano español de origen sirio, fue detenido en 1997 en Yemen y condenado a muerte en 2003. Está pendiente de que se cumpla su anunciado traslado a España, en virtud del Convenio sobre el traslado de personas condenadas, firmado por España y Yemen en 2007 y ratificado por el presidente yemení en 2008. Sin embargo, hasta la fecha no se ha producido el traslado, al parecer porque el presidente de Yemen no ha firmado aún el decreto para conmutar su pena de muerte por otra que pueda cumplir en España.

El comic contra la pena de muerte: